Por Licda. Myrna Pierre, MBA
(Miembro del Equipo de Gestión local para el Desarrollo Humano en Limón)
El Consejo Nacional De Concesiones ya publicó la última modificación a la licitación pública internacional N° 2009LI-000001-00200 y se apresta a recibir las ofertas de la “Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la terminal de contenedores en puerto Moín”. (Ver documento en http://www.cnc.go.cr/).
Existen dos aspectos trascendentales en ese cartel que merecen la atención de toda la ciudadanía:
1. Establece en el punto 11.7”estructura tarifaria” (página 117), que el aporte del concesionario para el Desarrollo socioeconómico de la provincia de Limón será de un 5% (cinco por ciento) de los ingresos brutos.
2. En el punto 9.1 “Servicios públicos a ser prestados por el concesionario” (pág. 109), constituye a la TCM (nueva Terminal de Contenedores de Moín)…”como la única encargada de atender barcos portacontenedores -fully- celular container ships destinados a la importación y exportación de carga hacia y desde Costa Rica”.
Este intento de rebajar tácitamente a 5% el aporte del 15% que percibe la población con la Administración de JAPDEVA, configura la mayor estafa que un gobierno ha infligido al pueblo limonense en toda su historia. Recordemos que el Gobierno Central ha prometido reiteradamente que lejos de disminuir el aporte se incrementaría. Es así como en el primer cartel publicado, efectivamente se estableció un 15 % de aporte al desarrollo socioeconómico, porcentaje que luego se redujo drásticamente en la última versión al 5 %. Es importante considerar que mientras estos cambios se gestaban en perjuicio del desarrollo social, paralela y generosamente se incrementó la tarifa autorizada para el concesionario de $170/movimiento a $ 252/ movimiento, o sea casi un 50% de incremento. Y es que el daño es mayor a lo que parece, pues como se indica en el punto 2 anterior, se está generando un monopolio privado en la atención de barcos full contenedores, que además obliga a JAPDEVA a ceder aproximadamente un 40% de la carga que actualmente maneja en sus muelles, lo que significaría una reducción del 60 % de los ingresos de la Institución, disminución que se reflejará en los aportes que da al desarrollo regional. Esto lo que genera es una competencia desleal en contra de una Institución del Estado.
Lo anterior es una burla al Estado de Derecho y la violación del Derecho al Desarrollo Humano de todos los residentes de la Provincia de Limón quienes seguiremos condenados perennemente al sub-desarrollo humano y a la pobreza debido a decisiones burocráticas amañadas.
Creada mediante Ley Nº 3091 de 18 de febrero de 1963, y reformada en Ley Nº.5337 de 9 de agosto de 1973, JAPDEVA es el ente Autónomo del Estado con carácter de Empresa de utilidad pública que asume las prerrogativas y funciones de Autoridad Portuaria.
En virtud de dicha ley compete solo a JAPDEVA construir, administrar, conservar y operar los puertos existentes. Lamentablemente esta institución está siendo inmolada con inadecuadas e incoherentes decisiones políticas.
Acorde con su Ley creadora JAPDEVA debe cumplir también una función de ente propulsor del desarrollo de la provincia de Limón, a través de la inversión en obras de interés comunal e infraestructura al servicio de los habitantes de esta región. En las comunidades caribeñas existen economías formales e informales esenciales, que giran en torno a las actividades de JAPDEVA, las cuales se verán seriamente afectadas en la eventual concesión, con repercusiones ruinosas desde el punto de vista socio-económico.
Durante muchísimos años JAPDEVA ha asumido el rol que le corresponde al Gobierno en la provincia caribeña, destacándose en materia de infraestructura y apoyo a los pequeños productores de la región, así como en la construcción de escuelas, iglesias, fomento del turismo, mantenimiento de los canales del norte, instalaciones deportivas, atención de emergencias, etc.
A pesar de ese 15 % sobre los ingresos de la Institución que se invierten actualmente en Desarrollo, los cuales han rondado los ¢ 5.000 millones en los últimos años, los políticos que la administran no han logrado mitigar los indicadores sociales que señalan que una tercera parte de los hogares de la provincia de Limón están en la franja de pobreza -muchos más que en el resto del país-.
El distrito central de Limón -donde se ubican los puertos-, es el segundo a nivel nacional con mayor concentración de familias pobres, --más de 5.000--, solo superada por Pavas en San José.
El Poder Ejecutivo tampoco ha empleado eficientemente los recursos para disminuir el desempleo que supera el promedio nacional, ni para atender la seguridad ciudadana y la vulnerabilidad infantil, que en Limón presentan los peores índices de Costa Rica. El impacto de la pobreza repercute en el acceso a la salud y el acceso a la educación, reflejándose en el Cantón de Talamanca, con el índice de desarrollo humano más bajo de toda Costa Rica- (PNUD, Atlas de Desarrollo Humano Cantonal Costa Rica, 2007).
Por lo dicho, resulta abusivo el trueque pactado entre el gobierno y los trabajadores de JAPDEVA, de pagar $137 millones de dólares a cambio de permitir la concesión. Es obvio que cuando ese dinero se acabe tendremos que tolerar a 1.500 nuevas familias engrosando las estadísticas de deterioro socioeconómico, mientras los muelles construidos con el dinero de todos los costarricenses estarán produciendo enormes ganancias para el disfrute de unos pocos empresarios favorecidos.
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