A pesar de que Costa Rica ha ratificado casi todos los convenios internacionales, declaraciones y protocolos en contra del racismo, carece de una política pública clara contra la discriminación racial. Consecuentemente, en los planes de acción nacional el Estado es indolente al no estimular el desarrollo humano en la provincia de Limón, reflejando “a los negros como foráneos a la nación y a los indígenas como los “otros” dentro de ella”. ¹
Por eso el pasado 28 de octubre de 2010 varios líderes Comunales del Cantón de Talamanca, expusieron ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos una serie de actos estatales violatorios de sus legítimos derechos a la propiedad. Quedó evidenciada la manera en que afrodescendientes, campesinos e indígenas son tratados en ciertos temas como personas marginales a la nación costarricense.
Lo anterior contextualiza la situación político social de los grupos minoritarios a lo largo y ancho de la provincia de Limón. A ello se suman las agresiones impunes que de forma sistemática realizan algunos medios de comunicación colectiva que crean estereotipos, estigmatizaciones, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, fomentando una imagen negativa en el imaginario nacional, principalmente respecto de los afrodescendientes.
Como ejemplo, la periodista Vanesa Loaiza publicó en el diario La Nación del 6 de noviembre de 2010 que “Limón es un puerto de enormes desigualdades. Por sus muelles cruza el 80% de la carga marítima del país; pero en sus calles se pasea el desempleo y abundan la pobreza, la droga y la inseguridad. …. En el cantón central de Limón habitan 105.000 personas y más de 42.000 viven en la pobreza (40%)…Además, la delincuencia se adueñó de la cabecera de la provincia caribeña.… Como en ninguna parte del país, allí los asesinatos están a la orden del día.” ²
Ya el diario La Nación había publicado el 24 de setiembre de 2010 las manifestaciones que hiciera el médico Jaime Gutiérrez Góngora, tendiente al exterminio de todos los limonenses por ser -según él- los causantes de la violencia e inseguridad ciudadana que vive el resto de Costa Rica. ³ Este insensato planteamiento de tan distinguido profesional es reflejo de la transformación que el pueblo costarricense viene presentando como producto de políticas estatales discriminatorias hacia ciertas minorías étnicas. También es muestra de que paulatinamente los medios de comunicación colectiva hacen “lavado de cerebro” hasta llevar a algunos a querer adoptar prácticas de fanatismo extremo.
Por eso, con justa razón el 74% de los ticos encuestado en el reciente estudio “Percepciones de los costarricenses sobre la población afrodescendiente”, elaborado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), consideró que los gobiernos anteriores y el actual le han prestado poca atención a la población negra. Esta percepción se agrava si a ese porcentaje se suma el 13% que considera que los gobernantes no han apoyado en nada a la gente de esta etnia.
Ciertamente el racismo no siempre viene acompañado de agresiones físicas, también se da a través de políticas públicas como las impuestas por diversos gobiernos en la últimas décadas en la provincia de Limón, propiciando el estancamiento de la actividad agropecuaria, del comercio, la industria y el deterioro socio económico de su población.
Además, la persistencia del racismo estructural contribuye al aumento de desigualdades sociales y económicas duraderas. Eso explica los niveles de pobreza de cinco de los seis cantones de Limón, los cuales encabezan la lista de los que tienen mayores carencias y falta de oportunidades del país, en la provincia que presenta la mayor cantidad de afrodescendientes. Entre ellos Talamanca –cantón que presenta la mayor cantidad de indígenas-, es el más pobre de los 81 cantones de toda Costa Rica, con un Índice de Desarrollo Social (IDS) de 0,0 según reconoció el Consejo de Bienestar Social y Familia del actual gobierno. °
Podríamos citar muchas manifestaciones puntuales de la discriminación estructural por parte de quienes administran el aparato estatal costarricense, en detrimento de la región caribeña y de sus pobladores, pero solo nombraremos las de mayor impacto actual: los proyectos de concesión de los puertos de JAPDEVA.
Su ley creadora obliga a JAPDEVA a propulsar el desarrollo de la provincia de Limón a través de la inversión en obras de interés comunal e infraestructura al servicio de los habitantes de toda la región. Sin embargo, los políticos de varias Administraciones –incluida la actual de la señora presidenta Laura Chinchilla- no han hecho los ajustes que las buenas prácticas administrativas señalan; se rehúsan a equipar las terminales portuarias con lo necesario para que puedan brindar un servicio eficiente; y sobre todo, no han aumentado en muchos años las tarifas por los servicios que brinda, a pesar de que los costos han sufrido fuertes incrementos, con lo que finalmente, el superávit para impulsar el desarrollo regional decrece cada año.
Aunado a todo lo dicho, el Consejo Nacional de Concesiones está a punto de adjudicarle a un oferente único la Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la terminal de contenedores en puerto Moín (TCM), sin haber efectuado el estudio de impacto social solicitado al Ejecutivo por parte de la Defensoría de los Habitantes desde hace más de 2 años.
Al obligar a JAPDEVA a ceder aproximadamente el 40% de la carga full contenedores que actualmente maneja, con la concesión de la TCM se dará una reducción de al menos el 60 % de los ingresos de la Institución. Esto hará recrudecer la problemática social, ya que habrá un rebajo a 5% del aporte de 15% que percibe actualmente la región caribeña con la Administración de JAPDEVA, disminución que estimamos en aproximadamente ¢2000 millones anuales.
Por eso hacemos el llamado a todos los residentes del Caribe de Costa Rica para que nos unamos en una sola fuerza. Pococí, Talamanca, Matina, Siquirres, Guácimo y Limón debemos levantar una sola voz y exigir a la Administración Chinchilla que detenga el abuso y la discriminación, porque previo a la concesión de la TCM debe elaborar los estudios de impacto social y diseñar un plan de mitigación de los problemas sociales para toda la provincia.
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¹Rangel, Marta (2008) Organizaciones y articulaciones de los afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, CEPAL, pág.8.
² Drogas, desempleo e inseguridad sumen a Limón en la desigualdad , www.nacion.com
³El terror de enfrentar la realidad, www.nacion.com
° El IDS elaborado por el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), constituye un indicador resumen que mide las brechas sociales entre las diferentes áreas geográficas del país (cantones y distritos). El IDS contempla diversos indicadores específicos, que se agrupan en cuatro dimensiones: económica, participación social, salud y educación (entre otros: promedio consumo mensual de electricidad residencial, porcentaje de viviendas con acceso a internet, índice participación electoral, porcentaje de mortalidad de menores de 5 años, índice bajo peso en los niños y niñas, índice cobertura de agua potable, índice programas educativos especiales y porcentaje reprobación escolar). El valor del IDS oscila entre 0 y 100, correspondiendo el valor más alto al cantón o distrito con el mayor nivel de desarrollo y el más bajo al que presenta el mayor rezago en esta materia. ( http://www.casapres.go.cr)
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Para escuchar la audiencia en la CIDH acceda al siguiente vínculo y busque en la lista Situación de derechos humanos de los afro-caribeños, campesinos e indígenas del Cantón de Talamanca, Costa Rica…28 Oct. 2010: CIDH Hearings
Los peticionarios en la entrada de la OEA
Peticionarios durante la audiencia de la CIDH
Representantes del Estado de Costa Rica
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